Rodolfo Baqué, abogado de la enfermera Dahiana Gisela Madrid –una de las ocho acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona–, denunció que los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren “se olvidaron” de llevar las pruebas a la audiencia preliminar de este lunes. Todavía no se fijó la fecha del juicio por jurados que procesará a Madrid, pero la jueza programó una nueva audiencia.

Estaba previsto que en la jornada se presentaran audios de Maradona, su psiquiatra Agustina Cosachov, su neurólogo Leopoldo Luque y Maximiliano Trimarchi, hermano de la contadora del estudio de Matías Morla, que fue el último abogado y apoderado del futbolista. Además, también se expondrían fotos de la habitación de la casa donde el futbolista residía después de la cirugía por el hematoma subdural.

Las partes pudieron presentar testigos para incorporar al debate. Baqué propuso ocho, pero los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) los rechazaron. Así, la jueza María Coehlo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro fijó una nueva citación para el próximo 6 de abril. Entonces, fiscales, querellas y defensa retomarán la discusión sobre pruebas clave.

“Se les escapó la tortuga”, aseguró el letrado, quien calificó de escandaloso que, a “cinco años y cuatro meses” del fallecimiento del ídolo, todavía no haya empezado el debate. Su representada es la única imputada que será juzgada por un jurado popular, compuesto por doce bonaerenses.

El juicio técnico de los otros imputados

El juicio del resto de los imputados ya había empezado, pero tuvo que ser anulado después de que se cuestionara la imparcialidad de una de las juezas que integraba el TOC N°3 de San Isidro, Julieta Makintach. La funcionaria había permitido la filmación del juicio para la realización del documental “Justicia divina”. Por esto, fue destituida e inhabilitada de por vida.

El nuevo debate oral y público se iniciará el 17 de marzo también en el TOC N°7 –ubicado en Ituizangó 340–, con las audiencias preliminares ya realizadas. El tribunal está compuesto por Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

En este juicio será juzgado Ricardo Omar Almirón, enfermero que también atendía a Maradona en el country San Andrés, ubicado en la localidad bonaerense de Benavídez, donde falleció en noviembre de 2020 a causa de una insuficiencia cardíaca y edema pulmonar, según consta en el expediente judicial.

También están imputados Luque; Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; la jefa de Swiss Medical a cargo de las internaciones domiciliarias, Nancy Edith Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Juicios paralelos

En ambos juicios se busca dilucidar si hubo un control deficiente del estado de salud del exdirector técnico de la Selección nacional, o si el cuadro de salud era tan complejo que la muerte era inevitable y no hubo ningún delito detrás. Se los acusa de homicidio simple con dolo eventual y las penas oscilan entre los ocho y los veinticinco años de prisión si se los llegara a encontrar culpables.

La fiscalía sostiene que el personal de salud encargado conformó una “red de contención” deficiente, pero Madrid argumenta que su accionar se limitó a seguir órdenes médicas y que su margen de decisión respecto al tratamiento general de Maradona era nulo. Luque y Cosachov son los señalados como los principales responsables en la toma de decisiones.