Una prueba de ADN complicó al acusado de abuso sexual en Santa Lucía y la causa avanza hacia juicio

La investigación por un presunto abuso sexual intrafamiliar ocurrido en Alto de Sierra, departamento Santa Lucía, registró un avance determinante en los últimos días luego de que una prueba de ADN estableciera compatibilidad de paternidad entre el único detenido y el embarazo de la joven denunciante.

El resultado del estudio genético fue presentado durante una audiencia realizada la semana pasada, en la que la Justicia resolvió extender por dos meses más la prisión preventiva del acusado, quien permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial desde abril.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal, que argumentó la necesidad de mantener la detención ante los avances obtenidos durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Entre las pruebas incorporadas al expediente sobresale el análisis realizado por peritos del Complejo Forense sobre muestras del imputado, de la denunciante y del material biológico obtenido tras la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) practicada a la víctima.

Según trascendió, los resultados determinaron una compatibilidad de paternidad que fortaleció significativamente la hipótesis acusatoria sostenida por la Fiscalía.

La causa se inició luego de que una joven de 18 años denunciara haber sido víctima de abuso sexual por parte de un familiar. De acuerdo con la investigación, la situación salió a la luz cuando la joven acudió a una consulta médica por molestias que inicialmente atribuyó a problemas gástricos y descubrió que cursaba un embarazo.

A partir de ese hallazgo se activaron los protocolos previstos para estos casos y la causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal CAVIG. En el marco de la Ley 27.610 y de los protocolos sanitarios vigentes, la víctima fue sometida a una Interrupción Legal del Embarazo, procedimiento contemplado para embarazos producto de una violación.

Tras la denuncia, el sospechoso fue detenido y posteriormente formalizado. En esa instancia, el juez de Garantías Javier Figuerola ordenó dos meses de prisión preventiva mientras avanzaban las medidas investigativas.

Aunque la Investigación Penal Preparatoria contaba inicialmente con un plazo de ocho meses, fuentes vinculadas al expediente indicaron que el rápido avance de las pruebas permitió acelerar considerablemente los tiempos procesales.

De hecho, desde la Fiscalía sostienen que ya están dadas las condiciones para solicitar el control de acusación y avanzar con la elevación de la causa a juicio. “En dos meses hemos terminado la investigación que estaba prevista para ocho meses y estamos en condiciones de pedir la elevación a juicio”, señalaron fuentes cercanas al caso.

Con la prórroga de la prisión preventiva ya concedida, el Ministerio Público Fiscal buscará completar las etapas procesales restantes para que el imputado sea juzgado en los próximos meses.

Op: Juan Llarena