Vecinos de Capital rechazan la instalación de food trucks en zona residencial y amenazan con acciones legales

Vecinos de calle Alberdi, entre Lencinas y España, presentarán en los próximos días un reclamo formal dirigido a la intendenta Susana Laciar, expresando su firme rechazo a la reubicación de carros pancheros y food trucks en una zona que definen como estrictamente residencial.

Los frentistas denuncian que la medida fue adoptada sin consulta previa, lo que a su juicio viola normativas constitucionales y ambientales. Citan los artículos 14 y 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente N° 25.675, y la Ley Provincial N° 6.371, haciendo hincapié en el artículo 19 de la ley ambiental nacional que exige participación ciudadana en proyectos con potencial impacto negativo.

Según relatan, la calle ya está saturada por tránsito intenso, seis líneas de colectivo, tres clínicas privadas (Clínica Mercedario, Los Olivos y Medicar) y locales gastronómicos como el restaurante Ancestral. A esto se suma la ausencia de semáforos, lo que representa un riesgo para los peatones, adultos mayores y escolares que circulan diariamente.

Además del impacto en la movilidad urbana, los vecinos enumeran diez consecuencias negativas de la llegada de los food trucks:

• Acumulación de residuos y falta de higiene.

• Aparición de roedores.

• Ruidos nocturnos y disturbios.

• Inseguridad y falta de presencia policial.

• Riesgo vial por picadas y maniobras peligrosas.

• Ocupación desordenada del espacio público.

• Ausencia de baños y recolección constante.

• Afectación al descanso de vecinos.

• Degradación ambiental y visual.

• Proximidad al Cementerio de la Capital, un espacio de recogimiento que, según advierten, no debe convivir con una actividad comercial ruidosa.

Ante esta situación, el reclamo vecinal solicita al municipio informes sobre si se realizaron estudios de impacto ambiental, si los carros tienen habilitaciones sanitarias, y por qué se eligió ese punto sin una consulta pública.

Como propuesta alternativa, los vecinos sugieren reubicar los carros en zonas no residenciales, alejadas de escuelas y centros de salud, con la infraestructura adecuada para su funcionamiento seguro y regulado.

El reclamo concluye con una advertencia: si no obtienen respuestas satisfactorias, están dispuestos a iniciar acciones legales, administrativas y sociales para impedir la medida.

La situación presenta un desafío para la gestión de Susana Laciar, que deberá conciliar el impulso a la economía popular con el respeto al derecho a un ambiente sano y una vida urbana ordenada.

Op: Juan Llarena