Violencia de género en San Juan: tres años de prisión condicional para el agresor de una empleada judicial
El imputado reconoció los hechos en un juicio abreviado. Fue hallado culpable de abusar sexualmente de su pareja y amenazarla con un arma de utilería. Hubo fuertes críticas al accionar policial.
La Justicia de San Juan condenó a un hombre a tres años de prisión de ejecución condicional tras hallarlo culpable de los delitos de coacción agravada por el uso de arma y abuso sexual simple en perjuicio de su pareja, quien se desempeña como empleada judicial. La sentencia se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado homologado por el juez Gerardo Javier Fernández Caussi.
La resolución quedó firme tras una audiencia gestionada por la fiscal de la UFI CAVIG, Florencia Pons Belmonte, y la defensora oficial Ana María Arias, donde el acusado reconoció la autoría de los hechos para evitar el proceso de debate oral.
Los hechos investigados
Según la plataforma fáctica presentada por el Ministerio Público Fiscal, el ataque se produjo en el ámbito privado de la pareja durante una discusión.
El agresor amedrentó a la mujer utilizando un arma de utilería que, por sus características estéticas, aparentaba ser un arma de fuego real. Esta acción configuró el delito de coacción agravada debido al temor infundido en la víctima. Posteriormente, el imputado consumó el abuso sexual simple antes de ser aprehendido por orden de las autoridades judiciales.
Polémica por la falta de perspectiva de género en la Policía
El caso adquirió trascendencia pública no solo por la gravedad institucional de la agresión, sino también por el cuestionado desempeño del personal policial que intervino tras un llamado al 911.
Al llegar los efectivos a la vivienda, la víctima —quien atravesaba un severo estado de shock— dañó accidentalmente un handy de comunicación perteneciente a la fuerza. En lugar de priorizar la contención y el protocolo de asistencia a la víctima de violencia de género, el personal policial denunció a la mujer ante el Fuero de Flagrancia por el daño al bien público.
Esta acción judicial de los uniformados desató duras críticas en el ámbito tribunalicio debido a la evidente falta de perspectiva de género y revictimización durante el procedimiento de emergencia.
POR LIC. EUGENIA VILA
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