El impactante caso de José Luis Miranda, quien baleó a su expareja y a sus dos hijos en Rawson, San Juan, revela no solo un acto de violencia atroz, sino también una serie de demoras institucionales que han generado controversia en la provincia.
La solicitud de medida de protección realizada por Julieta Herrera, exmujer del agresor, en la Comisaría 25 de Rawson, estuvo sometida a una demora de 43 días entre su presentación y la entrega del pedido a la Justicia por parte de la Dirección de Familia de Rawson. Esta demora ha desencadenado un cruce de acusaciones entre las entidades involucradas, destacando fallas institucionales preocupantes.
Esteban de la Torre, juez de Familia de Tercera Nominación, expresó su sorpresa ante la inusual demora, señalando que el proceso normalmente toma entre 4 y 5 días. Sin embargo, la razón detrás de esta dilación aún no está clara para la Justicia.
La Comisaría 25 y la Dirección de Familia de Rawson quedaron en el centro de la controversia. Salomé Arias, a cargo de la Dirección de Familia, culpó a la Policía por la demora, afirmando que enviaron la solicitud a la Dirección de la Mujer de la provincia en lugar de hacerlo a la entidad municipal correspondiente. Por otro lado, Víctor Montaño, comisario inspector de la Comisaría 25, defendió que siguieron el protocolo establecido.
Arias también destacó que la falta de asistencia de la expareja de Miranda a la primera cita y la escasez de personal en la Dirección de Familia contribuyeron a la demora. Esta situación revela otra falla en el sistema, donde la atención y evaluación de casos de violencia familiar enfrentan obstáculos logísticos.
El juez de Familia sugirió que la víctima puede agilizar el proceso solicitando medidas de protección directamente en la Unidad Fiscal CAVIG, que, a pesar de ser del fuero Penal, puede derivar los pedidos a los Juzgados de Familia. Ante casos de extrema gravedad, la víctima también puede solicitar medidas de protección directamente en estos juzgados.
El caso de la familia baleada no solo destaca la urgencia de abordar la violencia de género, sino que también pone de manifiesto la necesidad de revisar y mejorar los procesos institucionales para garantizar respuestas más rápidas y efectivas ante situaciones críticas.
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