25 de Mayo aprobó cámaras de seguridad y abre el debate por su financiamiento
El sistema de videovigilancia fue avalado con votos divididos y demandará una inversión cercana a los $100 millones sin una fuente de recursos definida.
El Concejo Deliberante de 25 de Mayo aprobó la implementación de un sistema municipal de videovigilancia, en una sesión marcada por posiciones encontradas. La iniciativa, que busca reforzar la seguridad en el departamento, fue sancionada con una votación dividida y dejó planteado un interrogante central: cómo se financiará una inversión estimada en alrededor de $100 millones.
El proyecto establece la creación de un programa que contempla la instalación de cámaras en puntos estratégicos del territorio, con el objetivo de prevenir el delito y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. La propuesta incluye tecnología con monitoreo en tiempo real, visión nocturna y almacenamiento seguro de imágenes.
La ordenanza también faculta al Ejecutivo municipal a definir, a partir de estudios técnicos, los lugares donde se colocarán los dispositivos. Entre las zonas consideradas aparecen plazas, escuelas, centros de salud, accesos principales y sectores de alta circulación en localidades como Villa Santa Rosa, Las Casuarinas, Tupelí, La Chimbera y Encón.
Sin embargo, el punto más controvertido fue el financiamiento. Si bien la normativa habilita la creación de una partida específica en el presupuesto municipal, no detalla de dónde provendrán los fondos en un contexto económico complejo.
Durante el debate, algunos concejales defendieron la necesidad de avanzar con herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad, mientras que otros advirtieron sobre el impacto que podría tener el proyecto en las finanzas públicas y reclamaron mayor claridad en la planificación económica.
En ese escenario, también se mencionó la posibilidad de gestionar convenios con organismos provinciales o nacionales, así como con fuerzas de seguridad, como una alternativa para reducir costos y facilitar la implementación del sistema.
Con la ordenanza ya aprobada, el desafío pasa ahora al Ejecutivo municipal, que deberá avanzar en los estudios técnicos, definir prioridades y, especialmente, resolver el esquema de financiamiento para llevar adelante una iniciativa que combina consenso en su objetivo, pero dudas en su viabilidad económica.
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