COFEDIS definió nuevos criterios y límites de ingresos para pensiones por discapacidad

Durante la 108° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), representantes de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil avanzaron en la definición de criterios socioeconómicos para la evaluación de pensiones no contributivas por discapacidad, en el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Entre los principales acuerdos, se estableció que los ingresos mensuales de la persona solicitante no deberán superar el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Para este cálculo se contemplan ingresos provenientes de empleos registrados, actividades autónomas o monotributistas, prestaciones contributivas y no contributivas, programas sociales —incluido el Monotributo Social—, subsidios por desempleo y otros beneficios.

Además, se resolvió implementar controles sobre la situación patrimonial. En cuanto a bienes inmuebles, se permitirá la titularidad de una única propiedad, que deberá ser acreditada como vivienda familiar y coincidir con el domicilio de residencia. Respecto a los vehículos, se podrá poseer uno solo, con una antigüedad mayor a 10 años; en caso de contar con unidades más nuevas o más de un vehículo, será necesario justificar su adquisición.

También se acordó que las personas extranjeras que soliciten la pensión deberán acreditar una residencia legal continua en el país de al menos cinco años previos al trámite.

Durante la asamblea, se abordaron otros temas relevantes, como el impacto de la Ley de Emergencia en Discapacidad sobre el sistema de certificación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el proyecto de ley sobre fraude en pensiones por invalidez impulsado a nivel nacional.

En este contexto, la directora de Personas con Discapacidad de San Juan, Paula Moreno, solicitó la intervención de la Secretaría Nacional de Discapacidad para regularizar los pagos atrasados del programa Incluir Salud. Según planteó, la demora —que en algunos casos alcanza hasta seis meses— afecta el funcionamiento de al menos 14 instituciones socioeducativas y centros de rehabilitación, así como la continuidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.