Escudo para el bolsillo: San Juan lanza un “Veraz” de empresas infractoras para proteger a los consumidores

Con el objetivo de transparentar el mercado local y empoderar a los ciudadanos, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan —a través de la Dirección de Defensa al Consumidor— ultima detalles para el lanzamiento de una herramienta clave: el Registro de Infractores.

En diálogo con la titular del organismo, Fabiana Carrizo, anticipó que el sistema estará operativo la próxima semana y funcionará como una base de datos pública para conocer el comportamiento comercial y legal de las empresas que operan en la provincia.

¿Cómo funcionará el Registro de Infractores?

La herramienta fue pensada para ser ágil, digital y de acceso inmediato desde cualquier teléfono celular:

• Acceso por QR: El organismo distribuirá un código QR en operativos públicos, redes sociales y dependencias oficiales para que los usuarios puedan escanearlo y entrar directamente al padrón.

• Radiografía comercial: Antes de realizar una compra importante o contratar un servicio, el consumidor podrá revisar si la empresa elegida cuenta con antecedentes de sanciones o multas firmes.

• Alcance total: El registro abarcará desde comercios minoristas y grandes cadenas de supermercados hasta empresas de servicios (luz, gas, internet) y entidades financieras o bancarias.

El motivo de la medida: multas que no frenaban los abusos

La creación de este registro responde a una estrategia para combatir una práctica corporativa muy común, especialmente entre las cadenas nacionales.

La explicación oficial: “Nuestra dirección es un ámbito administrativo conciliatorio, donde buscamos que la empresa y el vecino lleguen a un acuerdo sin ir a juicio”, señaló Carrizo. “Sin embargo, muchas grandes empresas prefieren no conciliar, reciben la multa, la pagan sin apelar y siguen operando de la misma manera. Queremos que el consumidor sepa quién es quién antes de entregar su dinero”.

Al exponer públicamente a las empresas que acumulan sanciones y no solucionan los reclamos de sus clientes, el Gobierno provincial busca que el “escrache institucional” y la reputación comercial funcionen como un incentivo para que las compañías mejoren la atención y respeten los derechos de los sanjuaninos.