Blindaje al compre local: Minería defiende la Ley de Desarrollo en Diputados y descarta colisión con el RIGI nacional
Los ministros Perea y Fernández expusieron ante tres comisiones clave para apurar el dictamen. La normativa busca capturar el derrame del próximo ciclo de inversiones exigiendo un 80% de empleo sanjuanino y un 60% de proveedores provinciales.
El tratamiento parlamentario del proyecto de Ley para el Desarrollo Local Minero entró en su etapa de definiciones en la Cámara de Diputados de San Juan. En una extensa jornada de exposición ante las comisiones de Hacienda, Asuntos Constitucionales y Minería, el ministro de la cartera, Juan Pablo Perea, y su par de Producción, Gustavo Fernández, defendieron los aspectos técnicos y económicos de una normativa que el Ejecutivo considera la llave maestra para asegurar el “derrame” de los próximos megaproyectos.
Al término del encuentro, Perea calificó la reunión como “muy positiva”, anticipando que el articulado quedó a las puertas del dictamen definitivo tras zanjar las dudas de la oposición respecto a la seguridad jurídica de las futuras inversiones.
El corazón del proyecto: Cuotas de mercado para San Juan
La iniciativa del Ejecutivo busca canalizar institucionalmente un reclamo histórico del círculo rojo empresarial sanjuanino: evitar que el despegue de proyectos de cobre y oro beneficie principalmente a grandes corporaciones fuera de la provincia.
Para ello, la ley establece un esquema de metas progresivas y obligatorias que las multinacionales mineras deberán certificar ante la autoridad de aplicación:
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Cupo laboral: Las compañías deberán garantizar de forma progresiva que el 80% de su nómina de personal esté conformada por trabajadores con residencia en San Juan.
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Cadena de valor: El 60% de los contratos de provisión de bienes y servicios (desde logística y catering hasta ingeniería compleja) deberá adjudicarse a pymes radicadas en el territorio provincial.
El debate de fondo: Armonización con el RIGI
El punto más álgido del debate en comisiones giró en torno a la compatibilidad legal de la norma provincial con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) dictado por la Nación. Algunos sectores legislativos temían que las exigencias locales ahuyentaran los capitales o generaran litigios por inconstitucionalidad.
Los ministros fueron categóricos al descartar cualquier tipo de asimetría:
“La norma provincial plantea metas progresivas y no genera contraposiciones legales. Esto fue previamente analizado con consultoras jurídicas externas y consensuado en múltiples rondas de diálogo con las cámaras industriales de San Juan”, precisó Perea.
La estrategia del Gobierno apunta a que el RIGI funcione como el imán para el ingreso de los capitales de escala, mientras que la ley provincial opere como el regulador que garantiza que esos dólares se vuelquen en la economía real de la provincia.
Cronograma Legislativo y Próximos Pasos
La rosca política y técnica continuará este martes en el anexo de la Legislatura. Los equipos legales del Ministerio de Minería se reunirán con los asesores de los bloques para incorporar tres o cuatro modificaciones sugeridas por los diputados.
Según explicaron desde el oficialismo, se trata de correcciones estrictamente de técnica legislativa y redacción que no alteran el espíritu regulatorio ni fiscal de la ley, con el objetivo de emitir un dictamen de consenso que habilite su votación sobre tablas en la próxima sesión ordinaria.
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