El debate por la licencia social en San Juan: el Gobierno reglamenta la participación ciudadana en el control minero
A través del Decreto 007/2024, la gestión provincial busca blindar la transparencia institucional y dar previsibilidad a las inversiones extractivas. El esquema fija reglas para la consulta pública, aunque la oposición y sectores ambientalistas cuestionan el carácter no vinculante de los reclamos.
El Ministerio de Minería de San Juan busca consolidar un marco de legitimidad para el desarrollo extractivo en la provincia mediante la reglamentación del proceso de consulta pública en la evaluación ambiental. La medida, enmarcada en el Decreto 007/2024, intenta equilibrar las exigencias de transparencia comunitaria con los plazos de certidumbre legal requeridos por los inversores para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
La iniciativa política establece el acceso libre a los Informes de Impacto Ambiental (IIA) y fija un calendario estricto para las observaciones ciudadanas, diferenciando los plazos según la escala de la inversión: 5 días hábiles para pequeños proyectos, 10 para medianos y 20 para los grandes emprendimientos. Sin embargo, el eje de la discusión se traslada al alcance real de estas instancias: la normativa exige que los titulares de los proyectos respondan por escrito a cada objeción, pero mantiene el carácter no vinculante de las presentaciones respecto a la decisión final de la autoridad de aplicación.
Desde el Poder Ejecutivo destacan que la norma se alinea con los compromisos ambientales de Argentina y fortalece la seguridad jurídica. En contraposición, las agrupaciones vecinales y partidos de la oposición señalan que la falta de fuerza resolutiva en la opinión de las comunidades locales corre el riesgo de transformar la participación pública en un mero trámite administrativo, reabriendo la disputa sobre el verdadero peso de la licencia social en las decisiones de Estado.
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