El Senado pisa el acelerador para una nueva ley de biocombustibles que amplíe los cortes
La aspiración de oficialistas y aliados es darle media sanción en dos semanas a un proyecto de unidad. El peronismo apoya, aunque dividido.
Lleva dos años de insistencia -de sectores productivos y de referentes legislativos- la demanda de una nueva ley de biocombustibles que permita ampliar el corte de integración del biodiésel(producido con aceites vegetales) y el bioetanol (que se realiza con azúcar y almidón de cereales). Sin embargo, desde distintos bloques del Senado le confirmaron a Ámbito que la negociación llegó a su recta final y que el próximo miércoles 2 de septiembre se podría alcanzar un dictamen, para votarlo en sesión a la semana siguiente. Provincias productoras de oleaginosas sostienen su resistencia.
El mayor impulso por la sanción de la reforma de la Ley N° 27640 (sancionada en el 2021 pero desactualizada con los estándares regionales) lo realizan sectores azucareros y, en correspondencia, los senadores de las provincias norteñas. Es por eso que ya existe consenso por la ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%. “El problema acá es el biodiésel”, apuntó la jujeña Carolina Moisés -peronista y una de las promotoras del proyecto- en la última reunión de comisión, en donde llevó la alternativa de fragmentar el proyecto de biocombustibles en dos. Esa intención tendría acompañamiento de los senadores más reticentes, pero no del Gobierno nacional.
El oficialismo, que se plegó a una discusión avanzada en comisiones y podría llevarla a una aprobación bien recibida por productores primarios e industriales, busca cerrar las diferencias internas que persisten en el sector del biodiésel: las pymes, que no cuentan con una integración total de la cadena de producción desde la materia prima hasta la comercialización del combustible, ven en la nueva redacción el ingreso de las grandes compañías aceiteras y, como consecuencia, su exclusión del mercado. También existen discusiones en torno al porcentaje de corte obligatorio, que se plantea del 5% al 10%. Más allá de eso, desde el bloque libertario aseguraron que “estamos muy cerca” de tener el texto de unidad.
“El Gobierno nacional está aceptando algunas correcciones y nuestras propuestas”, aseguró a este medio una senadora provincialista involucrada en las negociaciones. En ese marco, el neuquino Pablo Cervi (La Libertad Avanza) detalló en la última reunión algunas de las modificaciones de la redacción original, de autoría de Patricia Bullrich: se eliminó el precio máximo para adoptar como referencia el valor exportable; se delimitaron los motivos para ampliar porcentajes de cortes; y se estableció hasta el 2031 un porcentaje mínimo de participación para las pymes no integradas, con un cronograma de reducción paulatina hasta efectivizar la libre competencia. Dentro del oficialismo aseguraron que existe la posibilidad de incorporar un 5% adicional de biodiésel de carácter optativo para las refinadoras.
Ley de biocombustibles: discusión en el Senado
Con el interés de mantener activo el Congreso con una agenda acorde a sus políticas, sin confrontar con aliados (ya no sólo por el efecto parlamentario, sino por un potencial escenario electoral), el bloque libertario parece definido a conseguir la sanción de la propuesta en septiembre. “La idea es hacer un dictamen único de mayoría en base al proyecto de Bullrich. Estamos trabajando correcciones en un borrador para llegar al miércoles con el proyecto de mayor consenso”, sostuvo una senadora del norte. “El final es algo abierto”, sospechó otra, de la misma región, que espera ver cómo el Gobierno cierra el debate en las provincias del centro, involucradas en el biodiésel.
Precisamente desde allí llega la principal oposición a la ley, donde sostienen que la aprobación implicaría un revés contra las pymes industriales que apostaron al sector con la reglamentación del 2021. “Nuestro dictamen va a responder a los intereses de la pymes de La Pampa y San Luis. Nuestro proyecto buscará protegerlos dentro de todo esto, porque son fuentes de trabajo que hay que cuidar”, explicó el peronista puntano Fernando Salino, que se diferenció del texto oficialista. Además de las dos mencionadas, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires son las provincias que tendrán mayor impacto por el ingreso de las grandes aceiteras.
Por su parte, el chaqueño justicialista Jorge Capitanich explicó en Ámbito que intentará participar de las modificaciones al dictamen libertario de mayoría. “Estamos tratando de unificar el contenido con un perfil que potencie las economías regionales”, dijo y agregó que “con esa idea, se proyectan cupos diferenciales para el Norte Grande, para caña de azúcar y maíz en bioetanol, a los efectos de complementar con biodiésel con pymes con incentivos específicos para que el negocio no se la lleven las integradas solamente”.
Si alcanza el recinto, quienes apoyan el proyecto tendrán argumentos para exponer: las fuentes de trabajo y potencialidad de inversión; la inserción en estándares más cercanos a la región para competir en el rubro; la transición para evitar la dependencia del petróleo crudo y la reducción del impacto ambiental. Por otro lado, se estima que exista un impacto en el costo final del combustible de entre un 3% (según YPF) y un 10% (según la Secretaría de Energía).
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