Escándalo por las computadoras de la Policía: imputan a cinco personas y dan un año para investigar

La causa por la compra de 150 computadoras con fondos nacionales avanzó con la imputación de tres policías, un ingeniero y una proveedora del Estado. Los equipos nunca llegaron a la fuerza, fueron hallados en un depósito privado y, además, parte del equipamiento no coincidía con lo adquirido.

Cinco personas fueron imputadas este viernes en la causa que investiga la compra de 150 computadoras destinadas a la Policía de San Juan, adquiridas con fondos nacionales en 2023, pero que nunca fueron entregadas a la fuerza y terminaron siendo halladas en un depósito privado de Capital. Entre los acusados figuran tres efectivos policiales, un ingeniero electromecánico y una proveedora del Estado, quien participó de la audiencia de manera virtual por cursar un embarazo de riesgo.
Durante la audiencia, la Justicia fijó un plazo de un año para la investigación penal preparatoria de un expediente que permaneció varios meses en disputa entre la Justicia Federal y la provincial, hasta que la Corte Suprema resolvió que debía ser tramitado en San Juan por tratarse de fondos nacionales ejecutados en la provincia.
Los imputados son el ingeniero Enzo Ariel Fava (36); el comisario mayor retirado Jorge Santoro (51); el subcomisario Juan José Valverde (43), integrante del área de Bomberos de la Policía; el comisario Juan José González (47), actualmente en funciones en la Subcomisaría Buenaventura Luna; y la proveedora María Lourdes Quiroga Coll (37), quien no registra antecedentes penales.
La investigación sostiene que el Gobierno nacional adjudicó a la firma SCH Emprendimientos una contratación cercana a los 90 millones de pesos para la provisión de equipamiento informático y de impresión destinado a la fuerza policial. Sin embargo, pese a que la operación figuraba como cumplida, los equipos nunca fueron distribuidos ni utilizados, lo que dio origen a la pesquisa por un presunto desvío de recursos públicos.
El 1 de agosto de 2025, durante un procedimiento realizado por la UFI Delitos Especiales en un depósito privado de Capital, los investigadores encontraron las computadoras embaladas y en su estado original. El hallazgo confirmó que el equipamiento existía, aunque nunca había sido incorporado oficialmente al patrimonio de la Policía.
Las pericias posteriores revelaron nuevas irregularidades. Según la investigación, las computadoras secuestradas eran de una calidad inferior a la especificada en la contratación. Además, mientras la licitación contemplaba la compra de 20 impresoras nuevas, las encontradas en el depósito eran usadas, un dato que agravó las sospechas sobre la maniobra bajo investigación.

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