Jubilados en San Juan: Media cuadra de fila en los juzgados por un repentino cambio administrativo
Adultos mayores debieron agolparse en las puertas del Juzgado Federal N° 2 para ratificar firmas de manera presencial. El trámite, necesario para continuar juicios contra el Estado por retenciones de Ganancias, antes se realizaba en estudios jurídicos.
Una vez más, el sistema previsional y judicial puso a prueba la paciencia de los jubilados sanjuaninos. Desde las primeras horas de este miércoles, una extensa fila que superó la media cuadra se formó sobre la calle Mitre, llegando incluso a doblar por calle Mendoza. El motivo: una nueva disposición que obliga a los beneficiarios a ratificar presencialmente el poder de sus abogados ante el Juzgado Federal N° 2.
Un cambio de reglas inesperado
Hasta hace apenas una semana, la firma de estos poderes —que permiten a los abogados litigar contra la ANSES por descuentos indebidos como el Impuesto a las Ganancias o el Artículo 9 (solidaridad previsional)— se gestionaba de forma privada en los estudios jurídicos. Sin embargo, una notificación informal vía WhatsApp alertó a los jubilados que, de no presentarse en el juzgado, sus causas quedarían suspendidas.
“Nos informaron que teníamos que venir sí o sí a firmar acá de nuevo el poder”, explicó Ariel, uno de los tantos jubilados que debió organizarse con otros compañeros para costear el traslado hasta la zona de tribunales.
Colapso y reacción judicial
El flujo constante de personas desbordó inicialmente la capacidad del juzgado. Según relataron los afectados, la jornada comenzó con una atención lenta de apenas dos personas por turno. Ante la magnitud de la fila y la condición de vulnerabilidad de los asistentes, las autoridades debieron desafectar personal de otras áreas para agilizar el trámite, logrando atender a seis personas simultáneamente hacia media mañana.
Esta situación recordó a las postales habituales de las filas en el Banco San Juan o el PAMI, exponiendo nuevamente las barreras logísticas que enfrentan los adultos mayores. Muchos de los presentes manifestaron haber perdido turnos bancarios o médicos debido a la demora.
El trasfondo del reclamo
El objetivo de estos juicios, que suelen extenderse entre dos y tres años, es el cese de retenciones que los abogados defensores consideran un “impuesto al trabajo” aplicado ilegalmente sobre haberes previsionales.
Dato clave: Una vez ratificada la firma, se estima que las causas pueden demorar un año adicional hasta obtener una sentencia definitiva que determine si el Estado debe devolver los conceptos retenidos.
A pesar de los obstáculos, la determinación de los jubilados por recuperar sus haberes se mantiene firme, enfrentando tanto los costos económicos del traslado como el desgaste físico de las esperas a la intemperie.
POR LIC. EUGENIA VILA
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