La Justicia de Familia tomó el caso del niño con desnutrición en Santa Lucía tras fallas en el seguimiento oficial

El caso del niño de 10 años hallado con un severo cuadro de desnutrición y en estado de extrema vulnerabilidad en el asentamiento Pedro Echagüe, en Santa Lucía, dio un giro en el ámbito judicial al confirmarse que la situación no era desconocida para las autoridades. La intervención del Primer Juzgado de Familia se dispuso esta semana luego de constatar que existían advertencias formales y un seguimiento institucional que se extendía desde septiembre del año pasado sin lograr evitar la crisis de salud del menor.

Informes previos y maniobras para eludir la asistencia

El expediente incoado en la Justicia revela que las autoridades sanitarias del Hospital Dr. Guillermo Rawson habían remitido reportes a la Dirección de Niñez en septiembre y octubre de 2025, sumando un tercer informe recargado este miércoles. Pese a las alertas tempranas emitidas por el personal médico sobre el deterioro en el desarrollo del niño, las intervenciones no impidieron que el cuadro se agravara.

Según confirmaron fuentes judiciales, la efectividad del monitoreo estatal se vio obstaculizada en parte por la conducta de la progenitora. Tras ser notificada por los organismos de protección en las primeras etapas del abordaje, la mujer —quien padece una discapacidad por retraso madurativo— comenzó a cambiar continuamente de domicilio con el objetivo de desviar el rastreo y evitar la localización de la familia.

El hallazgo y el diagnóstico multidisciplinario

El deterioro de la situación habitacional y de salud del menor se visibilizó el pasado domingo por la tarde. Agentes de la Unidad Operativa Alto de Sierra Este acudieron a una vivienda del asentamiento Pedro Echagüe tras ser alertados sobre las condiciones en las que se hallaba el niño.

En el lugar, los efectivos encontraron al menor al cuidado de unos familiares. El cuadro clínico que presentaba era crítico:

• Signos evidentes de desnutrición aguda.

• Autismo y retraso en el desarrollo.

• Severas limitaciones del habla y motrices, incrementadas por la ausencia de una silla de ruedas indispensable para su movilidad.

Ante la gravedad del diagnóstico inicial, se solicitó de urgencia una ambulancia. El niño fue trasladado al Hospital Rawson en compañía de una tía. Una vez en el centro médico, la pediatra de guardia ordenó su internación inmediata en el área de Pediatría para estabilizarlo y someterlo a evaluaciones interdisciplinarias.

Las medidas en la órbita del Primer Juzgado de Familia

Ante la falta de evolución y el cuadro de riesgo, la Asesora de Menores resolvió disponer el abocamiento del caso y girar las actuaciones al Primer Juzgado de Familia. El tribunal comenzó el análisis de las medidas cautelares y de protección que corresponden adoptar.

Entre las primeras disposiciones dictadas por el fuero de Familia se destaca la realización de una evaluación técnica integral del núcleo familiar. Los profesionales deberán ponderar el estado de salud e independización del niño frente a la capacidad de contención de la madre, considerando las discapacidades cruzadas que presenta el grupo.

Por el momento, las autoridades judiciales evalúan las actuaciones de la Dirección de Niñez y los legajos médicos antes de definir si corresponde la aplicación de una medida conexa o la separación provisoria del niño de su entorno familiar.

Rivero. C