En respuesta a la presentación de un amparo colectivo por parte del Sindicato de Empleados Públicos, el Octavo Juzgado Civil ha impuesto una medida cautelar al decreto emitido por el gobernador Marcelo Orrego, el cual buscaba dar de baja a contrataciones, renovaciones y pases a planta permanente realizados en los últimos 6 meses.
La decisión judicial establece la suspensión de los efectos jurídicos de los actos administrativos atacados, específicamente los Decretos 62/23 y 2701/23, en relación a los afectados por la medida. Esto implica la restitución inmediata de los trabajadores al cargo en el que fueron designados, con la retribución correspondiente, mientras se lleva a cabo el proceso legal y hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa.
La controversia surgió a raíz de la decisión del gobernador de eliminar numerosas contrataciones y pases a planta permanente, motivando la intervención del Sindicato de Empleados Públicos en defensa de los derechos de sus afiliados. En el amparo colectivo presentado, se argumenta la arbitrariedad, ilegalidad e inminencia en la anulación de nombramientos realizados mediante actos administrativos debidamente establecidos.
Es relevante destacar que, durante un acto oficial en diciembre, el gobernador Orrego señaló que alrededor de dos mil trabajadores ingresaron a planta permanente en el último semestre, generando un gasto anual de 10 mil millones de pesos para las arcas provinciales.
Desde el gremio que agrupa a los empleados estatales, se sostiene la legitimidad del derecho al trabajo, conforme a lo establecido en la Constitución, y se denuncia la forma «arbitraria, ilegal e inminente» en la que se intenta anular los nombramientos realizados mediante actos administrativos.
Ahora, se espera que las partes involucradas se presenten nuevamente ante la Justicia en una próxima oportunidad, dando continuidad al proceso legal en curso.
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