El presidente Javier Milei envió este miércoles al Congreso de la Nación el proyecto de «ley ómnibus», que contiene 664 artículos que proponen más reformas en el Estado y desregulaciones a las ya establecidas en el reciente DNU, además de privatizaciones, emergencias por dos años y cambios económicos, impositivos y contractuales, entre muchos otros temas. Pese a los reclamos de bodegueros mendocinos y sanjuaninos para sostener las retenciones cero al vino, finalmente la iniciativa del Presidente prevé llevarlas al 8%.

El proyecto será tratado durante las sesiones extraordinarias y la idea de La Libertad Avanza es llevarlo al recinto en Diputados el 25 de enero.

El proyecto se denomina «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos» y fue entregado este miércoles por el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara Diputados, Martín Menem.

8% para todas las categorías correspondientes al complejo vitivinícola

El proyecto difundido este miércoles tiene su apartado relacionado con las retenciones. En ese sentido, fija en el 15% la alícuota del derecho de exportación para todas las mercaderías que actualmente no estuvieran gravadas con derechos de exportación.

Establece además un incremento del 31% actual al 33% para todos los subproductos de la soja y una retención de 8% para todas las mercaderías correspondientes al complejo vitivinícola y al aceite esencial del limón.

Sólo quedarán exentas del tributo las exportaciones de los sectores olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentea, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lanas.

Horas antes de que se difundiera el texto de la «ley ómnibus» se supo que Bodegas de Argentina preparó un informe para defender el 0% ante el secretario de Agricultura Fernando Vilella. Sin embargo, el nuevo gobierno nacional mantuvo su postura de aplicar el 8% al vino.

La ley ómnibus

El texto, de 664 artículos desplegados a lo largo de 351 páginas, contiene una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo y más límites a las marchas, entre otras iniciativas que no fueron parte del DNU porque las temáticas que toca no pueden evitar el Congreso.

El punto inicial del extenso texto declara «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025», pudiendo ser prorrogada «por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años».

«Delégase en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley y en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. Las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa», indica la norma.

Es decir, que si se aprueban las emergencias Milei tendrá las facultades de legislar, algo que la Constitución Nacional prohíbe expresamente en el artículo 76, que dice: «Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca».

El texto que ingresó este miércoles en Diputados prevé la derogación de las PASO y la implementación de la boleta única de papel, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025 y habilita al Ejecutivo a privatizar las empresas estatales.

También modifica la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados e introduce cambios en el financiamiento de los partidos políticos