Padres autoconvocados de preuniversitarios evalúan un amparo de 5.000 dólares para frenar los paros en la UNSJ

Frente a la constante interrupción del ciclo lectivo, un grupo de más de 600 padres autoconvocados de las tres escuelas preuniversitarias dependientes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) comenzó a analizar una alternativa drástica en el ámbito legal: la presentación de un recurso de amparo colectivo.

La medida, que involucra a familias de la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario, busca anticiparse a futuros paros y evitar que los alumnos —que representan a una comunidad de unos 3.000 estudiantes— sigan perdiendo días de clases. Sin embargo, el principal obstáculo que enfrentan por estos momentos es el elevado costo económico: según los presupuestos que recibieron de distintos profesionales del derecho, la acción judicial puede costar entre 2.500 y 5.000 dólares.

Un conflicto prolongado y desgaste en las aulas

Figueroa, referente de las familias autoconvocadas, advirtió sobre la gravedad del faltazo educativo: “Este próximo viernes vamos a completar un total de 32 días hábiles sin clases”. El panorama escolar se ha visto severamente fragmentado desde principios de año, atravesado por un inicio irregular entre marzo y mayo, paros sucesivos en junio, el receso invernal y nuevas adhesiones docentes durante agosto, limando los días efectivos en las aulas.

La idea inicial de recurrir a la Justicia ya había sido analizada en conflictos previos, pero se había postergado ante un aparente principio de solución tras un acuerdo salarial. No obstante, ante la reactivación de las medidas de fuerza en esta etapa avanzada del año, el malestar creció. “Con el correr de estas semanas y cómo viene la mano, fue la decisión de reactivar”, explicó el referente, quien además señaló que los estudiantes transitan los meses clave con frustración, enojo y una notable pérdida de motivación.

Los desafíos legales y los próximos pasos

El objetivo de la presentación es exigir la intervención de la Justicia para garantizar un esquema mínimo de dictado de clases o un plan de contingencia, argumentando que la discontinuidad vulnera el derecho constitucional de los estudiantes a la educación.

A pesar de la urgencia, las familias reconocen que los tiempos procesales juegan en contra: para que un amparo prospere, se requiere un hecho concreto y actual o inminente, por lo que ven difícil frenar los paros de esta semana de manera inmediata. La apuesta real es llegar con el camino allanado para el próximo conflicto.

Durante estos días, los padres esperan definir al equipo de abogados patrocinantes y coordinar la recaudación del dinero entre las comunidades educativas para tener la herramienta jurídica lista ante cualquier eventualidad futura.