Proveedores mineros de San Juan alertan por cambios en el RIGI y reclaman protección para las empresas locales

Cámaras empresariales de distintos departamentos cuestionaron la modificación que permite considerar proveedores locales a firmas con capital extranjero radicadas en Argentina. Piden reglamentar la Ley de Desarrollo Local Minero y establecer condiciones que prioricen el arraigo territorial.

Los cambios en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) generaron preocupación entre los proveedores mineros de San Juan. La modificación amplió la definición de proveedor local a empresas constituidas y domiciliadas en el país, sin importar el origen de sus capitales, lo que despertó cuestionamientos en distintas cámaras provinciales.

Desde Caprimsa, su presidente, Fernando Godoy, advirtió que la medida podría reducir las oportunidades para las empresas sanjuaninas. Además, reclamó que el Gobierno provincial reglamente la Ley 2827-M para establecer mecanismos de aplicación y control que protejan el desarrollo productivo local.

Una postura similar expresó José Adolfo Ibaceta, titular de Casemica, quien señaló las dificultades que tendrán las pymes de Calingasta para competir con grandes empresas internacionales que pueden instalar una oficina en el país y acceder a los mismos beneficios. La entidad propuso establecer prioridades para los proveedores de las comunidades cercanas a los proyectos, luego para las empresas sanjuaninas y finalmente para las del resto del país.

Desde Ullum, Alejandro Muñoz también manifestó su preocupación por las oportunidades laborales y comerciales que podrían perder las firmas locales. Destacó el esfuerzo realizado en capacitación y preparación de trabajadores para responder a las demandas de las operadoras mineras.

En tanto, Víctor Grau, presidente de Aituric, planteó una mirada diferente: consideró que el origen del capital no debería ser el eje de la discusión, sino el impacto concreto de las empresas en el territorio. En ese sentido, propuso evaluar la contratación de trabajadores locales, las inversiones y la generación de servicios en las comunidades.

Por su parte, Rodolfo Aballay, titular de la Cámara de Proveedores de Jáchal, consideró que todavía es temprano para medir las consecuencias de la modificación. Señaló que habrá que observar cómo evoluciona la contratación de servicios en los proyectos mineros durante los próximos meses.

Aunque existen distintas posiciones, las cámaras coinciden en la importancia de fortalecer la participación de las empresas locales en la actividad minera. El principal reclamo apunta a que San Juan avance con la reglamentación de su ley provincial para garantizar reglas claras y oportunidades para sus proveedores.

Op: J. Amaya

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