Branka Motors: plazo clave y riesgo de multa millonaria

Este viernes se desarrolló una audiencia conciliatoria clave en el Centro Cívico, encabezada por la titular del organismo, Fabiana Carrizo, junto a representantes de los damnificados y el abogado de la empresa. Según el relevamiento oficial, se trata del caso más numeroso y complejo que debió afrontar Defensa del Consumidor hasta el momento.

Dos ejes centrales del conflicto

Desde el organismo provincial explicaron que las denuncias se concentran en dos situaciones bien definidas. Por un lado, clientes que abonaron el total del valor de la motocicleta pero nunca recibieron el vehículo, con demoras que en algunos casos superan los cinco meses. Por otro, compradores que sí obtuvieron la moto, pero sin la documentación necesaria para patentarla, lo que les impide circular legalmente.

En relación con este segundo grupo, Carrizo indicó que ya existe un camino de solución en marcha. En audiencias anteriores, representantes oficiales vinculados a la provisión de las motocicletas se presentaron ante el organismo y aseguraron contar con la documentación correspondiente, lo que permitiría regularizar esos casos en el corto plazo.

El foco, en las motos no entregadas

La audiencia de este viernes estuvo centrada principalmente en los incumplimientos más graves: aquellos en los que los consumidores pagaron y nunca recibieron la unidad. En ese marco, Defensa del Consumidor inició un análisis caso por caso, con el objetivo de definir una salida concreta para cada denunciante.

Desde el organismo remarcaron que la instancia puede resolverse en esta etapa o requerir un cuarto intermedio, pero subrayaron que la prioridad es lograr resultados efectivos, ya sea mediante la entrega del rodado en fechas ciertas o la devolución total del dinero abonado, sin quitas ni condiciones.

Dos carriles: administrativo y judicial

Carrizo aclaró que la intervención de Defensa del Consumidor corre por un carril administrativo, independiente de la investigación penal que ya se encuentra en marcha. Mientras el organismo busca garantizar el cumplimiento de los contratos y la restitución de derechos, la Justicia avanza para determinar si existió un delito de estafa.

En ese sentido, recordó que el expediente administrativo puede convertirse en una prueba clave dentro de la causa penal, que ya derivó en allanamientos a dos locales comerciales y el secuestro de documentación, teléfonos celulares y motocicletas.

Expectativas diversas y tratamiento individual

Otro punto destacado fue la diversidad de expectativas entre los afectados. Algunos buscan recuperar el dinero invertido, mientras que otros priorizan la entrega del vehículo, muchas veces por necesidades laborales o familiares. Por ese motivo, se resolvió que cada reclamo será tratado de manera individual, respetando lo manifestado por cada consumidor en su denuncia.

Advertencia por una multa histórica

El mensaje más contundente llegó con la advertencia sobre las consecuencias si Branka Motors no presenta una propuesta razonable o incumple lo que se acuerde. Defensa del Consumidor anticipó que, de fracasar la conciliación, se avanzará con la multa más alta prevista en la normativa vigente, equivalente a más de 2.000 canastas básicas, lo que representaría una sanción superior a los 2.600 millones de pesos.

Desde el organismo remarcaron que, dada la magnitud del conflicto y el nivel de angustia de los damnificados, la sanción se aplicará de todas maneras si no hay una solución concreta, aun cuando la empresa manifieste voluntad de diálogo.

Un viernes decisivo

El viernes 6 de febrero será una fecha clave. Ese día, Branka Motors deberá presentar ante Defensa del Consumidor una propuesta detallada para cada denunciante. Si no hay respuestas claras y satisfactorias, el organismo avanzará con las sanciones administrativas, mientras la causa penal continuará su curso en la Justicia.

POR LIC. EUGENIA VILA